ESPAILLAT.- El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación contra la medida de coerción impuesta a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que no cumple con el objetivo de impedir la intimidación de testigos en el caso del colapso del techo de ese establecimiento, ocurrido el pasado 8 de abril y que dejó un saldo de 236 muertos y más de 180 heridos.
Ambos imputados enfrentan cargos por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, según informó el fiscal Enmanuel Ramírez, representante del órgano acusador. “Fue depositada [la apelación] en el entendido de que no estamos de acuerdo con estas medidas de coerción, entendiendo que no son proporcionales al hecho que se les imputa y no cumplen con el fin de evitar la intimidación de testigos”, declaró.
Emmanuel Ramírez, fiscal representante del Ministerio Público, depositó este viernes ante la de Atención Permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional, el recurso de apelación, contra las medidas de coerción impuestas a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
El recurso ahora debe ser remitido a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde será asignado por sorteo computarizado a una de las tres salas penales para su conocimiento y decisión.
Las medidas cuestionadas por el Ministerio Público incluyen garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, impuestas previamente por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El recurso fue depositado ante el mismo tribunal y será remitido a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, encabezada por el magistrado Julio César Cano Alfau. Una vez recibido, el caso será asignado mediante sorteo computarizado a una de las tres salas penales, donde se conocerán tanto la apelación del Ministerio Público como la de más de un centenar de querellantes.
El director de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que el tribunal no valoró adecuadamente la magnitud del daño social ocasionado por el colapso. “Estamos hablando de 236 víctimas mortales, más de 180 heridos y más de 130 niños huérfanos. Este hecho ha marcado a toda la sociedad dominicana”, expresó.
Camacho también sostuvo que los hermanos Espaillat antepusieron sus intereses económicos a la seguridad de las personas que frecuentaban la discoteca, una de las más emblemáticas del país.
A este recurso se suma el del abogado Félix Portes Núñez, representante de al menos 30 querellantes, quien también impugnó la decisión judicial que permitió la libertad de los imputados. Portes solicitó que la Sala Penal de la Corte de Apelación revoque las medidas actuales y ordene prisión preventiva contra los propietarios del club.
Portes cuestionó la declaración de la jueza que indicó no poder asumir como cierta una conducta punible atribuida a los imputados, al considerar que se desconoce la figura del dolo eventual, aplicable cuando se actúa con conocimiento del riesgo y se acepta su posible consecuencia.
Aunque todavía no se ha fijado la fecha de la audiencia, se espera que en los próximos días la Corte conozca el recurso y emita una decisión que podría modificar el curso del proceso judicial por una de las mayores tragedias ocurridas en la historia reciente del país.
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