Famosos Urbanos RD Nacionales ¡Multa y cárcel por ‘sacarle el dedo’ a un funcionario! Así lo establece el nuevo Código Penal

¡Multa y cárcel por ‘sacarle el dedo’ a un funcionario! Así lo establece el nuevo Código Penal

Santo Domingo.- El nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional introduce una figura legal que ha generado debate: el delito de ultraje a funcionarios públicos, que sanciona con prisión y multas a quienes, incluso en entornos privados, emitan expresiones consideradas ofensivas hacia un servidor del Estado.

El artículo 310, bajo la sección «Del ultraje», establece que será penalizado todo aquel que, en un contexto no público, utilice palabras, imágenes, escritos, objetos o gestos que atenten contra la dignidad personal o la función de un funcionario o servidor público. Las penas van desde 15 días hasta un año de prisión menor, además de una multa equivalente a dos o tres veces el salario del funcionario afectado.

A diferencia de otros delitos similares, esta figura no requiere que la acción sea pública, lo que amplía el espectro de situaciones sancionables, incluyendo expresiones privadas entre individuos.

El artículo 311 especifica que este tipo de casos solo procederán si el funcionario presenta la denuncia, pero una vez hecho, el proceso será asumido como de interés público por el Ministerio Público.

Implicaciones legales

Esta nueva disposición ha sido objeto de críticas por su ambigüedad. No define con precisión qué tipo de expresiones o gestos se consideran ofensivos, lo que deja su interpretación al criterio de jueces y fiscales. Además, la ley no hace distinción entre altos cargos y empleados administrativos, por lo que cualquier funcionario puede alegar ser víctima de ultraje.

Otro punto polémico es la multa económica, que varía según el salario del funcionario ofendido, lo que podría resultar en sanciones económicas elevadas para el infractor, dependiendo del cargo.

Aunque la normativa aún no está vigente y se encuentra en su período de vacatio legis, el artículo del ultraje plantea un nuevo escenario donde la crítica, el desacuerdo o una expresión privada malinterpretada pueden tener consecuencias penales si afectan la imagen institucional de un funcionario.

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