Este fallo no es solo administrativo: es una violación a derechos fundamentales como la vida, la seguridad y la protección del consumidor.
En los países con democracias más consolidadas, estos hechos conllevan demandas administrativas por responsabilidad objetiva del Estado, en las cuales las víctimas o sus familias pueden exigir reparación, aunque no se pruebe dolo o culpa directa de un funcionario específico. En la República Dominicana, aunque la jurisdicción contencioso-administrativa reconoce este tipo de acciones, su aplicación ha sido tímida y poco desarrollada, lo que urge a una interpretación progresista de la Ley 13-07 sobre el Tribunal Superior Administrativo, en consonancia con el bloque de constitucionalidad.
El precedente del Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0050/12 ya ha reconocido el derecho de los ciudadanos a obtener una reparación justa cuando las actuaciones u omisiones del Estado les causan perjuicio. El caso Jet Set es el escenario perfecto para dar un paso firme hacia una justicia administrativa más efectiva, que envíe el mensaje de que el Estado no puede ser un espectador pasivo de sus propios fracasos institucionales.
Ya es tiempo de comenzar, la justicia, el Estado y la ciudadanía debemos ser autores de la creación de un nuevo Estaso de Derecho, que hagan de la República Dominicana un país más grande y justo.
Si el Estado no responde ante estas omisiones, ¿quién protege al ciudadano común frente a los abusos o negligencias del poder? La respuesta está en manos de los tribunales y de una sociedad civil cada vez más consciente de sus derechos. El Jet Set no debe ser solo un escándalo más: debe ser el punto de partida para exigir al Estado que cumpla su rol de garante, no de cómplice silencioso.
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