REDACCIÓN.- La Oficina del Presidente Javier Milei anunció hoy una «profunda modificación del Régimen Migratorio» a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La medida, comunicada oficialmente, busca «instaurar orden y sentido común en un sistema que, lamentablemente, y debido a la complicidad de políticos populistas, había sido desvirtuado».
Según el comunicado, uno de los pilares de la reforma es la deportación inmediata de extranjeros que cometan delitos en territorio argentino y cuya pena sea igual o superior a cinco años, o aquellos a quienes no se les haya concedido el rechazo de ingreso al país en su momento.
Entre las nuevas disposiciones, se establece que, a partir de ahora, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país. Además, se exigirá un pago por los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares a partir del año 2024, una medida que, según el comunicado, busca garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pública, que habría implicado un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos por la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales durante el año anterior.
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En el ámbito educativo, se autoriza a las Universidades Nacionales a establecer aranceles diferenciados para los servicios educativos universitarios dirigidos a residentes temporarios. Se aclara que el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria se mantiene para todos los residentes, en línea con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Nacional.
Respecto a la obtención de la Carta de Ciudadanía, se endurecen los requisitos. A partir de la implementación del DNU, solo se otorgará en casos de haber residido en el país de manera continua durante al menos dos años, realizar una inversión relevante para Argentina, contar con medios de vida suficientes y no poseer antecedentes penales.
El comunicado finaliza reafirmando el compromiso del Presidente Milei de reconstruir Argentina y garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de los contribuyentes y residentes legales, y no de quienes «abusan de nuestros servicios públicos» o cometen delitos.
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