REDACCIÓN.- El asesinato de Miguel Uribe Turbay fue catalogado por la Fiscalía bajo la figura de lesa humanidad, lo que asegura que la investigación no prescriba y se mantenga activa hasta esclarecer responsabilidades.
La Fiscalía calificó este caso bajo dicha figura durante una audiencia reciente, remarcando que esto implica que “no prescribe, no vence en el tiempo y adicionalmente que es de la mayor gravedad”.
La calificación pone el crimen al mismo nivel de otros grandes magnicidios ocurridos en Colombia, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos procesos judiciales han tenido larga duración y siguen demandando esclarecimiento.
Según lo relatado en el informe, la Fiscalía procesó a cuatro de los implicados en el caso por el nuevo delito de homicidio agravado: alias el Costeño, señalado como el determinador material del ataque; alias Claro; alias Andrea o Gabriela, quien habría entregado el arma al menor sicario; y Cristian Camilo González, el conductor de la motocicleta en la que escapó el atacante del senador.
Estas personas, junto con William Fernando González, alias el Hermano, fueron señaladas formalmente por su participación en el atentado.
A pesar de la imputación, el término “magnicidio” no existe como tal dentro del marco legal colombiano. Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que esto no disminuye la gravedad del hecho.
Además de los cargos por homicidio agravado, se imputó el delito de concierto para delinquir a dos de los detenidos, por la presunta organización previa con fines delictivos. Las penas previstas para estos delitos oscilan entre 33 y 50 años de prisión.
Actualmente, las autoridades siguen trabajando para determinar quién ordenó el ataque contra el precandidato presidencial.
El señalamiento del asesinato de Miguel Uribe Turbay como un delito de lesa humanidad representa un desarrollo significativo para las investigaciones en curso. De acuerdo con lo reportado por Noticias RCN, la Fiscalía calificó este caso bajo dicha figura durante una audiencia reciente, remarcando que esto implica que “no prescribe, no vence en el tiempo y adicionalmente que es de la mayor gravedad”.
A pesar de la imputación, el término “magnicidio” no existe como tal dentro del marco legal colombiano.
Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que esto no disminuye la gravedad del hecho. Además de los cargos por homicidio agravado, se imputó el delito de concierto para delinquir a dos de los detenidos, por la presunta organización previa con fines delictivos.
Las penas previstas para estos delitos oscilan entre 33 y 50 años de prisión. Actualmente, las autoridades siguen trabajando para determinar quién ordenó el ataque contra el precandidato presidencial.
El informe subraya que, hasta el momento, “no hay rastro de quién ordenó el ataque” y resalta la exigencia de la sociedad colombiana: “Las autoridades deberán responderle a Colombia que clama porque se haga justicia”.
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