Redacción.- Este martes se decide el futuro legal del expresidente, Evo Morales. De no presentarse a la audiencia de medidas cautelares a la que fue convocado en la ciudad sureña de Tarija, será declarado en rebeldía por la Justicia boliviana.
Morales está imputado por una acusación de trata de personas y estupro, por el supuesto embarazo de una adolescente en el año 2016 y la Fiscalía pide su detención preventiva por seis meses mientras se desarrollan las investigaciones.
El proceso había sido inicialmente abierto durante el gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020) pero no prosperó. En septiembre de 2024 fue retomado por el Ministerio Público que libró una orden de captura contra el ex presidente que fue desestimada por una acción de libertad. Desde entonces, el líder cocalero ha permanecido en su bastión político bajo el resguardo de sus seguidores.
En octubre fue notificado para una citación a declarar a la que no asistió por “falta de garantías”, según sus abogados, y a finales de diciembre se lo convocó a la audiencia cautelar de este martes a través de un edicto público. La madre de la menor también está imputada y convocada a la audiencia, acusada de haber recibido favores políticos por la presunta vinculación entre el ex mandatario y su hija.
Este lunes los abogados de Morales anunciaron que su defendido no acudirá a la convocatoria de la Fiscalía porque “no fue notificado” y porque consideran que el proceso carece de base jurídica. En ese sentido, la fiscal Gutiérrez, advirtió que si no se presenta será declarado en rebeldía y un juez emitirá una nueva orden de captura.
La investigación está en la primera línea de la agenda noticiosa en Bolivia por las implicaciones políticas del caso y la tensión que genera en la disputa interna del Movimiento Al Socialismo (MAS). Este lunes se registró una jornada de enfrentamientos entre sus seguidores y la Policía en La Paz y Cochabamba en la que 23 personas fueron arrestadas y dos trabajadores de la prensa y un policía resultaron heridos, según información del Gobierno.
La protesta en La Paz reclamaba acciones frente a la crisis económica y la liberación de detenidos en movilizaciones anteriores, la de Cochabamba apuntaba a “recuperar” una sede sindical campesina. Sin embargo, para el Gobierno, la movilización buscaba la “impunidad de Morales” a horas de su audiencia judicial.
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