Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta que obliga a todas las instituciones del Estado a garantizar que los proveedores cumplan con las normas laborales y de seguridad social durante la ejecución de contratos públicos.
La circular establece que el respeto a los derechos de los trabajadores debe ser supervisado por las instituciones contratantes. Se especifica que los proveedores deben cumplir con:
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Inscripción de empleados en la seguridad social
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Condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo
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Proporción mínima del 80 % de trabajadores nacionales
También se recomienda que los contratos incluyan cláusulas que permitan la terminación unilateral o la aplicación de sanciones legales en caso de incumplimiento, siempre que haya certificación del Ministerio de Trabajo o la Tesorería de la Seguridad Social.
Según el documento, el objetivo es asegurar que las empresas contratadas por el Estado respeten las leyes laborales, y que los recursos públicos no se utilicen en condiciones que precaricen el empleo.
La DGCP informó que los modelos de pliegos de condiciones ya contemplan requisitos relacionados con el cumplimiento laboral, la seguridad social, la inclusión de personas con discapacidad y el cumplimiento fiscal.
El acuerdo entre ambas instituciones también prevé acciones conjuntas de supervisión, capacitación y acompañamiento a proveedores, para facilitar el cumplimiento de la normativa vigente.
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