SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público logró la homologación de un acuerdo judicial con Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas, como parte de una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, mediante el cual aceptan su responsabilidad penal y se comprometen a entregar al Estado más de RD$3,000 millones en distintas formas de compensación.
El acuerdo, sustentado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico, fue presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que lo homologó a través del juez Raymundo Mejía.
Como parte del compromiso, Montilla autoriza el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo, además del pago de RD$600 millones en indemnización a las distribuidoras EdeEste, EdeSur y EdeNorte por los daños causados mediante contratos fraudulentos. Asimismo, deberá pagar más de RD$431 millones a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y ceder un inmueble valorado en más de RD$50 millones, ubicado en el Ensanche Naco del Distrito Nacional.
También, como parte de las condiciones del acuerdo, Montilla se compromete a disolver en un plazo de dos años las empresas involucradas en los procesos de contratación pública investigados por el Ministerio Público.
El órgano persecutor sostiene que Montilla utilizó su red de empresas como vehículo para obtener contratos públicos de forma ilícita, beneficiándose de información privilegiada y conexiones políticas que le permitieron manipular procesos de compras en el sector energético. Estas prácticas derivaron en estafas al Estado, entrega de sobornos a funcionarios públicos, y en la creación de un monopolio de proveedores con control estratégico en el sistema eléctrico nacional.
La Pepca, representada por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, destacó que esta decisión refuerza los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad, bajo la dirección de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El acuerdo fue impulsado conforme al numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite aplicar el criterio de oportunidad en casos complejos cuando el imputado colabora eficazmente, contribuye al esclarecimiento de los hechos, o proporciona información que prevenga la comisión de nuevos delitos.
Según el expediente, Montilla incrementó sustancialmente la participación de sus empresas en contrataciones públicas durante el período investigado, valiéndose de su cercanía con el poder político. Las irregularidades incluyeron manipulación de plazos de entrega, violaciones a las normas de contratación, uso de información privilegiada y pagos indebidos a funcionarios para asegurar beneficios contractuales.
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