Redacción.- Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han iniciado una batalla legal contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) por la eliminación de una política histórica que garantizaba el acceso de migrantes legales e indocumentados a ciertos beneficios federales de salud y servicios sociales, incluidos programas dirigidos a niños.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) anunció este miércoles que ha enmendado una demanda en curso contra el Gobierno del expresidente Donald Trump, con el objetivo de bloquear la nueva directiva del HHS, la cual reinterpreta la ley PRWORA de 1996. Esta ley permitía el acceso limitado de inmigrantes indocumentados a ciertos beneficios federales.
La nueva disposición restringe de forma uniforme la elegibilidad de los inmigrantes, incluyendo a titulares de residencia permanente (green cards) y refugiados, a programas clave como:
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Medicaid (no de emergencia)
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SNAP (asistencia nutricional)
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Subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare)
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Otros programas de apoyo social
Además, los inmigrantes indocumentados quedan excluidos de beneficios estatales y locales, como Head Start, un programa de educación temprana destinado a niños menores de 5 años.
El secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., defendió la medida, afirmando que el nuevo enfoque “restaura la integridad de los programas sociales federales, refuerza el estado de derecho y protege recursos vitales para los ciudadanos estadounidenses”.
También declaró que, “durante demasiado tiempo, el Gobierno ha desviado fondos públicos para incentivar la inmigración ilegal”.
Ante esto, grupos proinmigrantes y proveedores de salud han llevado el caso ante un tribunal federal en el estado de Washington, impugnando formalmente la nueva directiva emitida el lunes pasado.
Ming-Qi Chu, subdirectora del Proyecto de Derechos de la Mujer de la ACLU, señaló que dejar fuera a niños inmigrantes es “ilegal y un ataque directo a las mismas familias que estos programas intentan proteger”.
“Es claramente incompatible con el texto de la ley y el propósito del Congreso”, agregó.
La demanda también advierte que los recortes de personal, las demoras y esta nueva política migratoria ponen en peligro servicios esenciales de salud, asistencia social y educación temprana, que benefician a más de 800.000 niños y familias cada año.
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