Santo Domingo.- El fiscal Gerinaldo Contreras fue destituido de su cargo por decisión del Consejo Superior del Ministerio Público, luego de que se confirmaran varias faltas graves, entre ellas acoso laboral, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias.
La resolución número 07/2024 del Consejo Disciplinario del Ministerio Público señala que Contreras fue investigado por ordenar la detención de cinco miembros de una junta de vecinos en el sector Arroyo Hondo, quienes realizaban protestas pacíficas para exigir soluciones a problemas con la basura y los servicios básicos.
Testimonios indican que el fiscal ordenó los arrestos sin orden judicial ni motivos legales claros. Según un fiscal adjunto presente durante el incidente, Contreras gritó: “¡Que se los lleven presos ahora mismo! ¡Aquí mando yo! No quiero gente protestando en mi demarcación como si esto fuera un relajo.” Los detenidos fueron liberados por falta de fundamento legal.
Ambiente de miedo y maltrato en la Fiscalía
Durante la investigación se recogieron más de una decena de testimonios de empleados que describieron un ambiente laboral tóxico y lleno de intimidación. Una fiscal adjunta relató que Contreras la humilló frente a sus compañeros por perder un documento. Otra trabajadora contó que el fiscal golpeó su puerta, lanzó expedientes sobre su escritorio y la insultó delante del equipo.
“Nos gritaba, nos decía inútiles. Había miedo de hablar porque sabíamos que podía tomar represalias”, expresaron varios empleados.
Faltas comprobadas por el Consejo
El Consejo Disciplinario concluyó que el fiscal incurrió en las siguientes acciones:
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Acoso laboral reiterado.
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Trato humillante hacia su equipo.
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Lenguaje ofensivo e intimidante.
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Arrestos arbitrarios contra líderes comunitarios.
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Abuso de poder para callar quejas.
Según la resolución, su comportamiento fue incompatible con la dignidad del cargo y vulneró los derechos fundamentales de ciudadanos y compañeros de trabajo.
No habrá inhabilitación
Aunque el Inspector General del Ministerio Público solicitó que Contreras fuera inhabilitado por cinco años para ocupar cargos públicos, el Consejo rechazó esa parte del castigo por considerarla excesiva, ya que no se hallaron pruebas de corrupción o enriquecimiento ilícito.
El fiscal tiene derecho a apelar la decisión ante el Consejo Superior del Ministerio Público.
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