SANTO DOMINGO, RD.- La República Dominicana sigue luchando contra el embarazo en adolescentes que, aunque se ha reducido respecto a años anteriores, la normalización del hecho y la impunidad de los responsables siguen intactas, debido a que, muchas veces el abuso es tolerado por las familias, comunidades e instituciones.
La ley dominicana, incluyendo el Código Penal, establece que cualquier relación sexual entre una persona adulta y un menor de edad constituye un delito, incluso si hay un aparente consentimiento, pero datos revelan que la mayoría de los casos no enfrenta consecuencias legales.
Pese a que los hospitales que pertenecen a la red pública cuentan con una «Guía para la atención integral en salud de personas adolescentes en República Dominicana«, diseñada por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que establece que cuando se comete una violación, al centro sanitario le corresponde iniciar la ruta de denuncia, acción que muy pocas veces se realiza.
La ayuda psicológica en estos casos es fundamental, para que las adolescentes puedan seguir hacia adelante.
Al cierre del tercer trimestre de 2024 se registraron 11 mil 899 embarazos en adolescentes, donde la impunidad de los responsables sigue intacta, mientras que, en la mayoría de los casos, las menores quedan fuera de la escuela, con problemas Psicológicos y con su futuro limitado.
En caso de sospecha de violencia o abuso sexual, los familiares deben notificarlo a través de la Dirección del centro de salud al Ministerio Público y al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, según el protocolo de salud pública, el cual también aclara que, «todo contacto entre una víctima menor de edad, si el perpetrador es cinco años mayor, se considera violación«.
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