SANTO DOMINGO.-– El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana emitió este jueves una declaración en respuesta al comunicado del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, el cual denunció supuestas violaciones a los derechos humanos durante las deportaciones de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular.
El gobierno dominicano defendió su política migratoria y subrayó que, como nación soberana y miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, respeta los principios universales de los derechos humanos, pero mantiene su potestad de aplicar sus leyes migratorias conforme a su Constitución y marco legal.
La Cancillería enfatizó que las deportaciones se ejecutan bajo estrictas normas legales y procedimientos establecidos, en cumplimiento del deber del Estado de preservar el orden público, garantizar la seguridad nacional y proteger a sus ciudadanos.
En su declaración, República Dominicana también abordó la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa Haití, la cual ha incrementado la presión migratoria hacia el territorio dominicano. Esta realidad ha obligado a adoptar medidas proporcionales que garanticen la estabilidad del país, dado el riesgo potencial de que la violencia haitiana se extienda más allá de su frontera.
Asimismo, el gobierno dominicano reiteró su compromiso con la lucha contra el tráfico de personas y el contrabando de migrantes, prácticas que afectan especialmente a los sectores más vulnerables. El comunicado expresa también la disposición del país a continuar el diálogo con Haití y con organismos internacionales, en busca de soluciones duraderas, justas y respetuosas de la dignidad humana.
La Cancillería dominicana concluyó que ningún Estado puede renunciar a su deber de proteger su territorio y su población, subrayando que todas las acciones emprendidas responden a esa responsabilidad esencial.
COMUNICADO INTEGRO DEL MIREX
El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana ha tomado nota del comunicado emitido hoy por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, y precisa lo siguiente:
República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente.
Las repatriaciones de nacionales haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.
La grave crisis institucional, humanitaria y de seguridad que afecta a Haití ha generado un incremento sostenido en la presión migratoria hacia nuestro país, lo que ha obligado a la adopción de medidas preventivas proporcionales a la magnitud del riesgo. La posibilidad de una expansión de la violencia hacia nuestro territorio constituye una amenaza real, muy grave, que requiere una respuesta decidida y responsable del Estado dominicano.
República Dominicana continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación. Al mismo tiempo, reitera su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.
Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio.
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